Desesperado por conservar el poder, Pervez Musharraf ha desechado el marco constitucional de Pakistán y declarado el estado de emergencia. ¿Su meta? Asfixiar a la judicatura independiente y los medios libres.
Artísticamente, aunque sin vergüenza alguna, ha intentado vender esta acción de cara a la galería como un esfuerzo por traer estabilidad y ayudar a librar con mayor eficacia la guerra contra el terror. Nada podría alejarse más de la realidad. Si la historia de Pakistán dice algo, es que la decisión de imponer la ley marcial podría demostrar ser la paja que rompe la espalda del camello [la gota que colma el vaso].
Musharraf aparecía en la escena nacional el 12 de octubre de 1999, cuando reemplazaba por la fuerza a un gobierno elegido democráticamente y anunciaba un ambicioso proyecto de construcción de la nación. Muchos pakistaníes, desencantados con la clase política de Pakistán, permanecieron en silencio pensando que podría cumplir.
Los ataques del 11 de Septiembre contra América trajeron a Musharraf al candelero internacional mientras él intentaba romper con los Talibanes y apoyar la guerra contra el terror encabezada por Estados Unidos.
Aunque Estados Unidos veía a Musharraf como agente del cambio, nunca ha logrado la legitimidad nacional, y sus políticas son consideradas plagadas de contradicciones. Por ejemplo, estableció alianzas con las fuerzas políticas islamistas (que en el 2004 votaban a favor de sus cambios constitucionales, que legitiman su postura y sus acciones). Al mismo tiempo, marginaba a los líderes políticos moderados.
El pasado marzo Musharraf tomaba su medida más radical, expulsando al juez presidente del Tribunal Supremo, Iftijar Chaudhry. Para sorpresa de muchos, cientos de miles de ciudadanos corrientes exigían el estado de derecho y la supremacía de la constitución, respaldando a la judicatura y alterando drásticamente la dinámica política del país. En un veredicto que Musharraf no tenía otra opción que aceptar, el propio Tribunal Supremo rehabilitaba al presidente del tribunal en julio.
Posteriormente, la judicatura, con nuevos bríos, seguía dictaminando en contra de las decisiones del gobierno. Los funcionarios del gobierno eran responsabilizados de las acciones que normalmente están más allá del alcance de la ley, variando desde las brutales palizas a periodistas hasta la detención ilegal por motivos de seguridad nacional.
Musharraf y sus aliados intentaban hacerse a esta nueva realidad, pero su paciencia se agotó cuando el Tribunal Supremo no desestimó las solicitudes contra la decisión de Musharraf de presentarse a presidente. Según la constitución (promulgada en 1973 por un parlamento electo), un funcionario del ejército en ejercicio no puede presentarse a un cargo que se elige democráticamente. Mientras que Musharraf anunció que abandonaría su cargo militar si era elegido presidente, su historial de renunciar a sus promesas rondaba por la judicatura.
Legalmente arrinconado, Musharraf ha decidido ahora abandonar la constitucionalidad, expulsar a los principales jueces del Tribunal Supremo y las instancias judiciales provinciales superiores, y poner límites a los medios. Abogados, activistas de derechos humanos y líderes políticos han sido detenidos desde entonces.
Hay un resentimiento público extendido en respuesta a estas maniobras. En lugar de asumir la responsabilidad por el deterioro de la situación de la seguridad (como quedaba plasmado en los ataques suicida) y la creciente Talibanización de las zonas tribales que lindan con Afganistán, Musharraf culpa a jueces y medios.
El apoyo popular a Musharraf se encuentra en su punto más bajo. Las fuerzas armadas de Pakistán - objetivo constante de atentados suicida - se han desmoralizado. Es difícil imaginarlas respaldando a Musharraf si estalla un conflicto civil. Tampoco se puede esperar que un débil y acosado Musharraf combata con eficacia a la militancia islámica o traiga la estabilidad política a Pakistán.
Se cuenta con que los partidos políticos de la oposición, cerrando filas, las entidades de derechos humanos, las asociaciones de medios y las organizaciones jurídicas desafiarán las medidas excepcionales. Los terroristas también podrían beneficiarse atacando a un ejército en horas bajas y a las fuerzas políticas alineadas con Musharraf. En caso de protestas constantes y violencia potencial, los principales mandos del ejército podrían decidir dar puerta a Musharraf - una decisión que no carecería de precedentes en la crónicamente turbulenta historia de Pakistán.
Hassan Abbás es miembro docente de la Escuela Kennedy de Gobierno en la Universidad de Harvard y es autor de “La caída de Pakistán al fundamentalismo: Alá, el ejército y la guerra de América contra el terror”. Antes formó parte de las administraciones de la Primera Ministra Benazir Bhutto y del Presidente Pervez Musharraf.