¿Hasta qué punto es estúpida esta idea? por Salim Mansur
The Giralda in Seville

La política pública es juzgada generalmente según sus efectos pretendidos.
Pero con bastante frecuencia, al público le queda bregar con las consecuencias involuntarias de una política -- por ejemplo, la iniciativa Nueva Política Económica de los años de Pierre Trudea, o el Acuerdo del Meech de los años Mulroney -- mucho después de que los efectos previstos hayan sido consumados.

Los políticos buscan la fama de los efectos previstos de las políticas que ellos inician, y huyen de las consecuencias involuntarias de esas mismas políticas que pueden dejar a la sociedad en peor situación que la situación en la que una política concreta fue propuesta o decretada.

Una propuesta obligatoria inteligente, por tanto, sería considerar los efectos involuntarios probables como medida a la hora de juzgar los méritos de una política propuesta.

La propuesta de John Tory, el líder conservador progresista de Ontario, de extender la financiación pública a "los centros escolares religiosos" de Ontario es defectuosa dado que sus consecuencias involuntarias superan de manera desproporcionada al efecto que se pretende.

El objetivo de la propuesta de Tory es aumentar la justicia y la inclusión en el sistema escolar de financiación pública de Ontario con respecto a la ordenación actual.

La defensa de la "justicia" fue desechada en el veredicto del Tribunal Supremo de Canadá de 1996, y Tory no ha presentado ningún argumento sustancial que pudiera hacer a uno detenerse y reconsiderar el veredicto del Tribunal.

De igual manera, la defensa de la integración es tratada en el veredicto del Tribunal Supremo, cuando los jueces señalan que el precio soportado por los padres en concepto de enviar a sus hijos a escuelas privadas religiosas es un coste opcional.
Las elecciones conllevan precios, y Tory no ha descubierto ninguna otra explicación creíble de porqué el erario público debe cargar con los costes de esos padres que eligen enviar a sus hijos fuera del sistema escolar público ya inclusivo.
En su lugar, el remedio propuesto como alternativa a la financiación exclusiva de los centros católicos romanos -- y esto no puede estar abierto a ataques basados en la Constitución, como dictaminó el Tribunal Supremo -- es financiar con dinero público a las escuelas religiosas.

Pero el remedio ofrecido solamente incrementa en varios niveles el "problema" considerado inicialmente injusto de financiar de manera pública un sistema escolar religioso financiando lo que probablemente se convierta en un sistema público fragmentado con escuelas religiosas proliferando sin control.

El motivo de esto es que cada vez que el gasto discrecional para un bien o servicio particular es subsidiado con dinero público, la demanda de éste se multiplica rápidamente.

Ontario no es solamente la provincia más densamente poblada de Canadá, también es la que recibe anualmente la cifra más elevada de inmigrantes procedentes de otras culturas.

El sistema escolar existente ha hecho el papel de ser el lugar en el que los nuevos inmigrantes y sus hijos en momentos de necesidad se reúnen para aprender acerca de ser canadiense, especialmente cuando la política de multiculturalismo aprobada por el estamento funcionarial insta a los mismos nuevos inmigrantes a conservar y crecer con las culturas con las que llegaron a Canadá.

Fragmentar sin pretenderlo el sistema escolar existente, como hará la propuesta de Tory, debilita la única institución que aúna a las divergentes comunidades de Ontario, y refuerza aquellos elementos de nuestra sociedad que nos separan por motivos étnico-religiosos.
Y después está la preocupación genuina que provocan los fondos públicos yendo a escuelas religiosas musulmanas -- las cifras del censo canadiense demuestran que la comunidad musulmana es la que más rápidamente crece en términos absolutos -- supervisadas por personas cuyos hermanos de mentalidad similar han traído la ruina a la mayor parte de los países árabes-musulmanes.
La cuestión de la "justicia" es, porqué los habitantes de Ontario, y los canadienses, deben subsidiar la cultura de madrazas cuando las pruebas de sus enfermizos efectos son innegables en nuestro mundo post-11 de Septiembre.

La respuesta es probablemente negativa. Y así es como debe ser.

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