Una noticia reciente del Times of London revela lo profundamente despreciable que es la gente que planea y ejecuta atentados suicida.
Dos jóvenes campesinos de 17 años procedentes del territorio virgen al noroeste de Pakistán fracasaban en su misión de matar al gobernador pro-occidental de Jalalabad, una ciudad fronteriza afgana. Farman Ullah, el terrorista suicida, y su cómplice Abdul Quboshi, eran en su lugar capturados.
El redactor del Times Robert Baer logró entrevistar a ambos cautivos. Los campesinos declararon a sus captores que estaban seguros de que unas vírgenes les estarían esperando en el lugar de la explosión y les escoltarían hasta el Paraíso.
Estos cautivos -- con sus mentes analfabetas manipuladas por los que les reclutan -- eran bombas humanas programadas.
Baer escribe: "Pero la fanática seguridad de Farman en lo referente a su cita programada con las vírgenes del Paraíso no era suficiente para sus instructores Talibanes. Adosado al cinturón suicida de Farman había un radiotransmisor. Si el valor de Farman flaqueaba o algo salía mal, la labor de Abdul Quboshi era activar el detonador. Como me decía Farman: 'Los Talibanes me dijeron que el propio Alá activaría el chaleco. Yo no tenía que hacer nada'".
Las democracias occidentales permanecen confusas ante el mal del terrorismo suicida. No parece haber medida proporcional a mano, o ideada, para erradicar la plaga de los atentados suicida que acaban en desproporcionadas bajas y extenso miedo.
Una respuesta práctica es hacer que los gobiernos democráticos conviertan en ofensa criminal el atentado suicida, y después persigan con todos los recursos del estado a aquellos que pertenecen a, o están asociados con, la red del terror islamista (o cualquier otra red del terror) que proporciona la instrucción ideológica, los materiales y la logística para apoyar a reclutas como Farman Ullah.
Es a estos efectos que el Senador liberal (canadiense) Jerry Grafstein presentada recientemente, por tercera vez, una propuesta de ley a título personal -- estando disuelto el Parlamento la primera y después necesaria una prórroga a la propuesta para ser presentada de nuevo -- en la Cámara Alta para enmendar la sección 83.01 del código penal canadiense con el fin de incluir, con mayor claridad, el terrorismo suicida en la definición de actividad terrorista.
Al presentar la propuesta S-210 al Senado, Grafstein observaba que "La reverencia a la vida es una piedra angular de todas las religiones y el sustrato del estado de derecho. Todas nuestras leyes giran alrededor de esta idea central".
El código penal proporciona sustrato para el procesamiento de aquellos involucrados en conductas ilegales. Pero Grafstein también nos recuerda el derecho penal como disuasor, haciendo saber que "si usted hace esto, tendrá todo el peso del estado sobre usted”.
A aquellos que argumentan que un terrorista suicida que ha consumado su misión no está presente para su procesamiento, Grafstein responde: "Un terrorista suicida que ha tenido éxito no puede ser procesado. Sin embargo, ciertamente se puede procesar a aquellos que le ayudaron y conspiraron con él, aquellos que instruyeron y aplaudieron la acción”.
Es necesario que las democracias tengan recursos en el derecho penal, como propone Grafstein, entre el arsenal de herramientas legales y militares del estado necesarias para derrotar al terrorismo internacional y erradicar el terrorismo suicida como instrumento del terror islamista.
Las democracias liberales han derrotado a sus enemigos en el pasado igual que tienen que hacer en el presente, y tendrán que hacer en el futuro.
Para prevalecer al tiempo que protegen sus valores de derechos y libertades, las democracias liberales tienen que ser adecuadamente armadas y a estos efectos, la ley de Grafstein es una medida necesaria con urgencia que con suerte será decretada pronto.
El Dr. Salim Mansur es profesor residente de Ciencias Políticas en la Universidad de Ontario y director de la sede en Canadá del Centro para el Pluralismo Islámico.